La Ley de Empleo Público en Costa Rica ha generado una revuelta en un 30% de las instituciones del Estado.
Un total de 103 dependencias del gobierno, incluyendo todas las municipalidades, universidades públicas, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa, se han declarado rebeldes y se han autorregulado en materia salarial y régimen sancionatorio, excluyendo la normativa aprobada previamente.
El objetivo de la Ley de Empleo Público
La Ley de Empleo Público se aprobó con el fin de frenar el crecimiento de los pluses en el sector estatal.
Esta ley faculta al Ministerio de Planificación (Mideplan) a establecer un límite salarial por puesto laboral para todo el Estado.
Sin embargo, la Sala IV, al final del debate legislativo, abrió una excepción para garantizar la autonomía de las universidades públicas, los poderes del Estado y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que provocó la rebelión de diversas instituciones.
La molestia y preocupación del Ministerio de Planificación
La ministra de Planificación, Laura Fernández, mostró gran preocupación y molestia debido al abuso en la interpretación de la Ley por parte de algunas instituciones. Declarándose autónomas incluso aquellas que no tenían el fundamento técnico para hacerlo, lo cual considera ofensivo e injustificable.
El temor de la falta de control y abuso
Las instituciones rebeldes deberán fijar nuevas escalas salariales bajo la nueva normativa, pero el temor radica en que nadie podrá controlar ni cuestionar estas decisiones.
La libertad con la que estas instituciones realizarán esta tarea podría llevar al abuso y desigualdad salarial entre empleados públicos con funciones similares.
Impacto en el gasto público
Todas las instituciones que se declararon rebeldes impactan en el gasto público, pero aún no se ha determinado cuánto será el ahorro real con la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Se estima que la Ley de Empleo Público permitiría un ahorro anual de ¢309 mil millones, pero la actitud rebelde de más de 100 instituciones ha desinflado este impacto.
Mala gestión del gasto
Costa Rica, dentro de la OCDE, se destaca como el país que más invierte en pagar a sus empleados públicos en comparación con lo que recauda en tributos.
Mientras que la media en la organización es del 25%, en Costa Rica este porcentaje es del 52%, lo que representa el doble de la tasa promedio en la OCDE (porcentaje de recaudación tributaria dedicada al pago de salarios públicos, según la OCDE).
La búsqueda de una reforma legal
El gobierno de Costa Rica buscará una reforma legal para obligar a todas las instituciones a someterse a un salario global por puesto de trabajo, buscando así una mayor equidad y control en las remuneraciones del sector estatal.
Elementos principales de la Ley de Empleo Público
- Salario único por puesto laboral: La nueva normativa establece un mismo salario para cada puesto en todo el Estado.
- Salario del presidente: El salario del presidente será el más alto, aproximadamente ¢7 millones.
- Alta dirección pública paritaria: Se busca alcanzar paridad en la alta dirección pública.
- Objeción de conciencia en capacitaciones: Se permite la objeción de conciencia para oponerse a capacitaciones.
- Período máximo de vacaciones: El período máximo de vacaciones será de 20 días.
- Licencia de paternidad extendida: Se otorga una licencia de paternidad de un mes para hijos biológicos o en adopción.
- Limitación en las convenciones colectivas: Las convenciones colectivas no podrán negociar nuevas obligaciones.
- Prohibición de nuevos incentivos y plazas: No se podrán crear nuevos incentivos ni plazas por convención colectiva.
- Despido sin responsabilidad calificativa: Se permiten despidos sin responsabilidad por dos calificaciones inferiores a 70.
Conclusión
La Ley de Empleo Público en Costa Rica ha desencadenado una rebelión en un 30% de las instituciones estatales, lo que ha puesto en riesgo el ahorro estimado con la entrada en vigencia de la nueva normativa.
La búsqueda de una mayor equidad salarial y control en el gasto público llevará al gobierno a impulsar reformas legales que obliguen a todas las instituciones a acatar un salario global por puesto de trabajo.
La situación actual representa uno de los desafíos más significativos para el país en materia de remuneraciones en décadas, y será crucial encontrar soluciones para garantizar un equilibrio justo en el empleo público.
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