La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) hizo un “llamado urgente” al Ministerio de Hacienda a respetar el debido proceso en materia tributaria y a garantizar el derecho de todos los contribuyentes a operar libremente, sin presiones de ningún tipo, dentro del marco legal.
El actuar del ministro de Hacienda y la denuncia anónima
En un comunicado de prensa emitido este jueves, la UCCAEP expuso su preocupación luego de que se conociera que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, faltó a la verdad al decir que su cartera elaboró un informe técnico sobre la denuncia anónima trasladada a la Fiscalía en contra de una sociedad del empresario Leonel Baruch, presidente del medio de comunicación CRHoy y del Banco BCT.
Principios de legalidad y debido proceso
La UCCAEP afirmó que el actuar del ministro de Hacienda debe apegarse a los principios de legalidad y debido proceso. En caso de no hacerlo, “deberá atenerse a las responsabilidades políticas y legales correspondientes”.
Control de la Administración Tributaria y respeto a los derechos de los contribuyentes
José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, solicitó que el control de la Administración Tributaria se ejecute “con acciones apegadas a la legislación, fundamentadas en hechos reales y comprobados, y en respeto de los derechos de los contribuyentes”.
Resumen del ‘megacaso’ en 7 puntos
El comunicado de prensa también ofrece un resumen de los acontecimientos relacionados con el ‘megacaso’ de evasión fiscal.
A continuación, se presentan los puntos clave:
Anuncio de la denuncia anónima por evasión fiscal
El 19 de enero, en conferencia de prensa, el ministro Nogui Acosta anunció el envío de una denuncia anónima a la Fiscalía sobre un “megacaso” de evasión de ¢11.000 millones relacionado con un banco.
Declaración bajo juramento del ministro
El 31 de enero, el ministro dijo bajo juramento, ante la Asamblea Legislativa, que Hacienda había elaborado un informe técnico que determinó que existía un delito fiscal. Agregó que se hizo un análisis y “se considera que hay una acción fraudulenta”.
La denuncia anónima y la sociedad de Leonel Baruch
La denuncia anónima no era contra un banco, sino contra una sociedad de Leonel Baruch, llamada Beta Matrix S.A. El empresario solicitó el informe técnico citado por Nogui Acosta, pero el ministerio no se lo entregó. Ante esto, acudió a la Sala IV para exigirlo.
La falta de informe técnico
La Sala IV solicitó el informe al Ministerio, pero este no se lo entregó argumentando que ya estaba en manos de la Fiscalía. Los magistrados consultaron a la Fiscalía, quien respondió que no había recibido ningún informe técnico.
El comunicado del Ministerio de Hacienda
El miércoles 14 de junio, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el cual aclaraba que cuando Nogui Acosta mencionó un informe técnico, se refería en realidad al oficio DF-670-2022, del 10 de octubre de 2022. E
ste oficio no señalaba ninguna acción fraudulenta y simplemente trasladaba la denuncia anónima a la Fiscalía.
Además, el oficio indicaba que la sociedad Beta Matrix, perteneciente a Leonel Baruch, estaba debidamente inscrita y al día con sus obligaciones tributarias.
También se afirmaba que no se podía calificar su declaración de impuestos sobre la renta como fraudulenta, ya que los hechos datan del año 2014 y no había fundamento para extender el plazo de prescripción de cuatro a diez años.
Omitiendo otro informe de Tributación
Se reveló que el Ministerio de Hacienda también omitió entregar otro informe, fechado el 26 de octubre de 2022, en el cual la Dirección General de Tributación recomendaba archivar la denuncia anónima.
Según ese informe, no existían elementos suficientes para sostener la acusación y la empresa mencionada estaba cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias.
Además, se señalaba que las pruebas citadas en la denuncia eran simplemente operaciones comerciales sin mayor relevancia.
Acusación de abuso de poder
Leonel Baruch, afectado directamente por esta situación, sostiene que estos hechos constituyen un abuso de poder por parte del Gobierno en su contra, debido a su relación con el medio de comunicación CRHoy.
Considera que se están utilizando medidas injustas y desproporcionadas en su contra.
El respeto al debido proceso y la seguridad jurídica
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) enfatiza la importancia del respeto al debido proceso y a los derechos de los contribuyentes como garantía de la seguridad jurídica en Costa Rica.
Según la organización, la correcta aplicación de la normativa tributaria es esencial para propiciar un clima institucional óptimo que fomente los negocios y la inversión, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Políticas públicas certeras y el régimen de derecho
La UCCAEP destaca que el entorno confiable y estable que se ha construido en Costa Rica es el resultado de políticas públicas certeras y un adecuado régimen de derecho.
Estas medidas promueven la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Sin embargo, se insiste en que estas estrategias deben aplicarse de manera justa y basada en hechos comprobados en todas sus etapas, respetando el debido proceso.
Conclusión
En conclusión, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha realizado un llamado urgente al Ministerio de Hacienda para que respete el debido proceso en materia tributaria y garantice el derecho de todos los contribuyentes a operar libremente dentro del marco legal.
La preocupación surge a raíz de las declaraciones contradictorias del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre un informe técnico relacionado con una denuncia anónima.
La UCCAEP enfatiza la importancia de que el actuar del ministro de Hacienda se ajuste a los principios de legalidad y debido proceso. De no ser así, se señala que deberá asumir las responsabilidades políticas y legales correspondientes.
En cuanto al ‘megacaso’ de evasión fiscal, se presentan siete puntos clave para comprender los eventos. En primer lugar, el ministro Acosta anunció la denuncia anónima en enero, relacionada con una presunta evasión de ¢11.000 millones.
Enfrentamiento
Posteriormente, declaró ante la Asamblea Legislativa que existía un delito fiscal, respaldado por un informe técnico elaborado por Hacienda. Sin embargo, la denuncia anónima no era contra un banco, como se mencionó inicialmente, sino contra una sociedad de Leonel Baruch.
Ante la solicitud de Baruch de acceder al informe técnico mencionado por el ministro, el Ministerio de Hacienda no lo entregó, lo que llevó al empresario a recurrir a la Sala IV en busca de su obtención.
Sin embargo, el Ministerio argumentó que el informe ya estaba en manos de la Fiscalía. La consulta a la Fiscalía reveló que no se había recibido ningún informe técnico.
En un comunicado reciente, el Ministerio de Hacienda aclaró que el informe técnico al que se refería el ministro Acosta era en realidad un oficio que trasladaba la denuncia anónima a la Fiscalía, sin señalar acciones fraudulentas y afirmando que la sociedad de Baruch estaba al día con sus obligaciones tributarias.
Además, se reveló que el Ministerio omitió entregar otro informe de Tributación que recomendaba archivar la denuncia anónima, considerando que no había elementos suficientes para sostenerla.
Leonel Baruch alega que estos hechos constituyen un abuso de poder por parte del Gobierno debido a su relación con el medio de comunicación CRHoy. En este contexto, la UCCAEP subraya que el respeto al debido proceso y a los derechos de los contribuyentes es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el país.
Se resalta la importancia de políticas públicas certeras y un adecuado régimen de derecho que propicien un clima institucional favorable para los negocios e inversiones en Costa Rica.
En resumen, la UCCAEP insta al Ministerio de Hacienda a respetar el debido proceso y los derechos de los contribuyentes en materia tributaria. La correcta aplicación de la normativa tributaria es esencial para promover un entorno confiable y propicio para el desarrollo económico y social del país.
Se enfatiza la necesidad de combatir la evasión fiscal y la informalidad, pero siempre basándose en hechos comprobados y respetando el marco legal.
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