El derecho a la salud en Costa Rica se ve amenazado por la penalización del aborto, una preocupante situación que afecta a la autonomía y la dignidad de las mujeres.
Según un diagnóstico preliminar de Naciones Unidas, esta forma de discriminación basada en género genera graves consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres en el país.
La legislación actual solo permite el aborto en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, lo que deja a muchas mujeres sin acceso a servicios seguros y legales.
La penalización del aborto también está fundamentada en creencias religiosas y morales, lo cual contraviene los derechos humanos y la libertad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo.
La voz de Naciones Unidas
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, destacó la preocupación por la penalización del aborto en Costa Rica.
En su informe inicial después de una visita al país, señaló que la penalización del aborto es una forma de discriminación basada en género que afecta negativamente la salud y bienestar de las mujeres.
Mofokeng hizo un llamado al Estado costarricense para que imponga una moratoria en la aplicación de las leyes penales relacionadas con el aborto y garantice el derecho a la salud y la autonomía de las mujeres.
Insuficiente atención de la salud mental y sus consecuencias
Otra amenaza al derecho a la salud en Costa Rica es la insuficiente atención de la salud mental.
Tras el estallido de la pasada pandemia, covid-19, se ha exacerbado esta problemática, especialmente entre los jóvenes.
Según el diagnóstico de Naciones Unidas, el sistema de salud mental está bajo presión, lo que resulta en graves limitaciones para acceder a profesionales de la salud mental y largos tiempos de espera para evaluación especializada.
Aumento de la crisis de salud mental
Tras reunirse con representantes de la sociedad civil, la relatora especial de la ONU, Tlaleng Mofokeng, enfatizó en el aumento de la crisis de salud mental en Costa Rica, especialmente entre los jóvenes.
La falta de acceso a profesionales de la salud mental y los extensos tiempos de espera para recibir evaluación especializada han contribuido a esta preocupante situación.
Mofokeng subrayó la urgente necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque de la atención de la salud mental en el país.
Discriminación hacia la comunidad LGBTI+ y sus repercusiones en la salud
El derecho a la salud de la comunidad LGBTI+ en Costa Rica también enfrenta desafíos significativos debido a la discriminación y exclusión de los sistemas de salud.
La relatora especial de la ONU, Tlaleng Mofokeng, señaló que las personas LGBTI+ sufren prejuicios, abusos y violencia debido a su orientación sexual e identidad de género.
Esta violencia y discriminación generalizadas tienen un impacto negativo en la salud mental de esta comunidad, lo que lleva a niveles más altos de trastornos de salud mental y, lamentablemente, a intentos de suicidio.
La falta de protección legal
Uno de los aspectos preocupantes destacados por Mofokeng es la falta de protección legal contra las terapias de conversión en Costa Rica.
Estas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas LGBTI+, no están prohibidas por ley en el país.
La relatora de la ONU expresó su preocupación por esta situación y enfatizó en la necesidad de medidas concretas para proteger los derechos y la salud de la comunidad LGBTI+.
Conclusiones y necesidades urgentes
El diagnóstico preliminar de Naciones Unidas ha identificado tres principales amenazas al derecho a la salud en Costa Rica:
Penalización del aborto
Insuficiente atención de la salud mental
Discriminación hacia la comunidad LGBTI+
Estos problemas representan desafíos significativos para el sistema de salud del país y para garantizar el acceso universal a servicios de calidad y sin discriminación.
La relatora especial de la ONU, Tlaleng Mofokeng, ha hecho un llamado urgente al Estado costarricense para tomar medidas concretas y garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad de género.
La imposición de una moratoria en la penalización del aborto y la protección legal contra las terapias de conversión son pasos fundamentales para avanzar hacia un sistema de salud más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
La salud mental también debe recibir una atención prioritaria.
Es imperativo que se realice un cambio de paradigma en la atención de la salud mental en el país, asegurando la disponibilidad de servicios accesibles y oportunos para quienes lo necesiten.
Abordar estas amenazas al derecho a la salud es una responsabilidad conjunta de la sociedad costarricense y las autoridades del país.
Solo a través de acciones decididas y políticas inclusivas se podrá avanzar hacia un sistema de salud que garantice el bienestar y la dignidad de todas las personas en Costa Rica.